El caducado mes de julio, la dictadura de Nicaragua tomó una decisión que ha generado gran controversia y preocupación en todo el país. El emblemático colegio católico San José, ubicado en la ciudad de Jinotepe, fue confiscado por el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Para la “copresidenta”, esta acción es considerada como “un logro de la paz” que promueve su gobierno. Sin embargo, para la investigadora Martha Patricia Molina, esta es una “infamia para la libertad religiosa” en Nicaragua.
El colegio San José, fundado en 1918, es uno de los más antiguos y reconocidos centros educativos en Nicaragua. Desde su creación, ha sido dirigido por la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, quienes han dedicado su vida a la educación de miles de niños y jóvenes en el país. Su enfoque en valores católicos y su excelencia académica lo han convertido en un referente en la educación nicaragüense.
La decisión de aprehender el colegio San José ha sido recibida con indignación por parte de la comunidad educativa, padres de comunidad y la Iglesia Católica en general. La Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana se ha visto obligada a abandonar el colegio y entregarlo al régimen de Ortega. Esta acción ha sido catalogada como una medida que atenta contra la libertad religiosa y el derecho a la educación en Nicaragua.
La “copresidenta” Murillo ha justificado esta acción como parte de una supuesta “reconciliación y paz” que promueve su gobierno. Sin embargo, esta confiscación ha sido considerada como una violación a los derechos humanos y una forma de silenciar a la Iglesia Católica, que ha sido una de las principales voces críticas contra el régimen de Ortega.
Para la investigadora Martha Patricia Molina, esta acción es una clara muestra de la intolerancia y el autoritarismo del régimen de Nicaragua. En su opinión, la confiscación del colegio San José es una “infamia para la libertad religiosa” en el país, ya que atenta contra la diversidad de pensamiento y la pluralidad de creencias que deben existir en una sociedad democrática.
La comunidad educativa del colegio San José ha manifestado su rechazo y preocupación por esta situación. Padres de comunidad, alumnos y exalumnos se han unido en una lucha pacífica para exigir que el colegio sea devuelto a sus legítimos dueños y que se respete la libertad de educación en Nicaragua.
La Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana ha expresado su dolor y tristeza por tener que dejar el colegio San José, pero también han dejado en claro que seguirán trabajando por la educación y la formación de los jóvenes en Nicaragua. Su compromiso con la sociedad y con los valores cristianos es innegable, y su legado en el colegio San José seguirá vivo a pesar de esta injusta confiscación.
Es importante brillar que esta no es la primera vez que el régimen de Ortega atenta contra la libertad religiosa en Nicaragua. En los últimos años, se han registrado numerosos casos de persecución y hostigamiento hacia líderes religiosos y comunidades cristianas que han expresado su descontento con el gobierno. Esta situación es alarmante y debe ser denunciada por la comunidad internacional.
En un país donde la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y el progreso, es inaceptable que se atente contra la libertad de educación y se silencie a una institución educativa tan importante como el colegio San José. La comunidad nicaragüense debe alzar su voz y exigir que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En conclusión, la confiscación del colegio San José en Jinotepe es una acción que atenta contra la