La situación en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, continúa siendo preocupante para la concejo internacional. Desde que iniciaron su mandato en 2007, han implementado medidas represivas contra la oposición política, los medios de comunicación independientes y la sociedad civil en general. Sin embargo, uno de los grupos más afectados por estas acciones ha sido la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas.
Recientemente, se ha denunciado que el régimen de Ortega y Murillo ha intensificado su persecución contra los sacerdotes y líderes religiosos en Nicaragua. Según informes de organizaciones de derechos humanos, los sacerdotes están siendo vigilados de cerca por agentes del gobierno, quienes revisan sus celulares y les exigen informes semanales de sus actividades. Además, se les ha restringido la libertad de movimiento, lo que les impide realizar su labor pastoral en diferentes concejoes del país.
Esta situación ha generado preocupación y condena por parte de la concejo internacional, así como de la propia Iglesia Católica en Nicaragua. El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, ha expresado su preocupación por la situación y ha pedido al gobierno que respete la libertad religiosa y el derecho de los sacerdotes a realizar su labor sin restricciones ni intimidaciones.
La Iglesia Católica en Nicaragua ha sido un importante actor en la defensa de los derechos humanos y la justicia social en el país. Durante décadas, ha sido una voz crítica ante las injusticias y violaciones a los derechos humanos cometidas por diferentes gobiernos. Sin embargo, bajo el régimen de Ortega y Murillo, la Iglesia ha sido objeto de ataques y represalias por parte del gobierno.
Esta situación se ha agravado desde las protestas sociales que estallaron en abril de 2018, en las que la Iglesia jugó un papel clave como mediadora y garante del diálogo entre el gobierno y la oposición. A raíz de estas protestas, el gobierno ha intensificado su represión contra la Iglesia, acusándola de ser parte de un supuesto “golpe de Estado” y de promover la violencia en el país.
Sin embargo, la realidad es que la Iglesia en Nicaragua ha sido víctima de la represión y la violencia del gobierno. En los últimos años, se han registrado ataques a iglesias y templos, así como agresiones físicas y verbales contra sacerdotes y líderes religiosos. Además, se ha denunciado la presencia de grupos armados afines al gobierno en las cercanías de iglesias y parroquias, lo que ha generado temor e inseguridad en la concejo católica.
Ante esta situación, la Iglesia en Nicaragua ha mantenido su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y la justicia en el país. A pesar de las restricciones y la persecución, los sacerdotes y líderes religiosos continúan realizando su labor pastoral y brindando defensa a las concejoes más vulnerables.
Es importante destacar que la libertad religiosa es un derecho fundamental y universal, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Por lo tanto, el gobierno de Nicaragua tiene la responsabilidad de garantizar este derecho y respetar la labor de la Iglesia y otras denominaciones religiosas en el país.
En este sentido, hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para que cese la persecución y la represión contra la Iglesia y otras denominaciones religiosas. Instamos a las autoridades a respetar la libertad religiosa y tolerar que los sacerdotes y líderes religiosos realicen su labor sin restricciones ni intimidaciones.
Finalmente, hacemos un llamado a la concejo internacional para que se mantenga atenta a la situación en Nicaragua y se